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A la izquierda de la foto Ana Castillo Haeger, Coordinadora de Servicios Extrajudiciales Depto. Asistencia Jurídica Ministerio de Justicia al centro Isabel González Ramírez, Jefa del Departamento de Asistencia Jurídica y a la derecha Loreto Mejías periodista y mediadora familiar, Mediadores Integrados |
Como una herramienta para el futuro, que debería estar presente en todas las formas de solución de conflictos, especialmente donde existan vínculos permanentes entre las personas, calificó a la cultura de la mediación, Isabel González Ramírez, Jefa del Departamento de Asistencia Jurídica. Porque, dijo, hay un tema de dignidad de las personas que se rescata fuertemente en el proceso.
Así manifestó que el proyecto que modifica la Ley de Juzgados de Familia que próximamente entrará en vigencia, a su juicio permitirá incentivar la demanda de mediación, entrampadas hasta hoy entre otras razones por la falta de sensibilización de la población respecto de la existencia, utilidad y eficiencia de este proceso.
Al ser obligatoria la derivación a mediación, en tres áreas atingentes a los niños: Cuidado Personal, Relación Regular y Directa con los Hijos, y Alimentos, se dará respuesta rápida y eficaz a un mayor volumen de casos, fortaleciendo este espacio de solución colaborativa de conflictos.
“Todos estos sistemas nuevos al inicio son difíciles de implementar, deben ajustarse a la realidad fáctica mediante su aplicación, sin perjuicio de la rigurosidad de los estudios y proyecciones hechas con anterioridad para su diseño. Después se regulan.”, señaló la abogada del Ministerio de Justicia.
En este contexto asimismo, declara Ana Delia Castillo Haeger, Coordinadora de Servicios Extrajudiciales de la misma repartición pública, que se ha pensado que será necesario contar con un mayor número de mediadores, debido a que los existentes podrían ser insuficientes frente a los requerimientos por este servicio atendidas las modificaciones legales proyectadas y la derivación obligatoria al servicio.
¿Meditación?
Como académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central, Isabel González Ramírez, partió hace más de 10 años con la cátedra de Mediación, frente a la cual sus alumnos se planteaban desconcertados. ¿Meditación? profesora, preguntaban. Hasta que asistían al curso no lograban encontrarse con los contenidos. Es así como tímidamente la mediación se abrió paso en las aulas universitarias, como parte de la carga académica, y en las escuelas y colegios, mediante proyectos pilotos en mediación escolar que sentaron las bases para el futuro de este gran proyecto.
En este sentido, advierten las abogadas, existe actualmente un plan entre los Ministerios de Justicia e Interior y algunos Municipios para formar a la comunidad escolar y sensibilizarla en torno a esta herramienta de paz. Y desde allí promoverla. El proyecto está ligado también a la Justicia Restaurativa. “Respecto de las acciones disciplinarias que se tomen con los alumnos, por ejemplo. Para nosotros la apuesta de la Justicia Restaurativa, que estamos trabajando en la Mesa de Mediación Penal, en el Ministerio de Justicia, es tremendamente importante sobre todo con respecto a los jóvenes y adolescentes, en el marco de la entrada en vigencia el próximo año de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.
Por ello creen que, como una complementación a esa Ley, deberían existir un avance en el uso de procesos de mediación penal, para que las medidas alternativas a la reclusión que se estipulan en la ley (trabajos comunitarios y de reparación a la víctima) puedan ser aplicadas no solo como sanciones sino como un compromiso de las partes del conflicto penal, producto de un acuerdo logrado en un proceso de mediación en el que se respeten todos los principios de la mediación penal y garantías del debido proceso.
“En la mediación se mira al otro cara a cara, las personas se conectan con el dolor que se provocó, lo que incide en evitar la reincidencia. Y respecto a la víctima, se reduce el temor de encontrarse de nuevo con el agresor, trabajando fuertemente los factores de vulnerabilidad y riesgo de los afectados”.
Al participar en este proceso, dice Ana Castillo Haeger, hay toda una resignificación del delito, tanto para el ofensor como para la víctima. “Y bajo este punto de vista, ya no se centra, como veíamos, en los hechos que sucedieron, sino en el futuro”, poniéndo énfasis en los beneficiosos efectos que ello tiene para las partes.
Actualmente, los Acuerdos Reparatorios se dan en la práctica bajo un marco de negociación entre el defensor y el fiscal. O bien, el fiscal actúa como conciliador entre la víctima y el ofensor, lo que no es una mediación penal propiamente. Lo óptimo sería entonces plasmar en las Actas de Acuerdo aquello que a las partes realmente les represente, considerando la importancia del proceso desde el punto de vista restaurativo, a modo de garantizar la puesta en marcha de mecanismos efectivos para reparar el daño ocasionado y dar la posibilidad a los involucrados de participar en forma protagónica de su propio proceso.
